(OSV News) — El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó el 18 de diciembre un proyecto de ley de inmigración que convierte en delito estatal la entrada de inmigrantes no autorizados a Texas desde México. Organizaciones católicas como la Conferencia de Obispos Católicos de Texas se han opuesto a la legislación.
El proyecto de ley, Senate Bill 4, fue aprobado por la mayoría republicana tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado del estado en noviembre, y convierte el cruce ilegal de la frontera internacional de Texas en un delito estatal independiente del federal, otorgando a las fuerzas de seguridad locales el poder de detener a los inmigrantes sospechosos de carecer de autorización legal para estar en Estados Unidos.
La legislación prohíbe tales detenciones en escuelas, lugares de culto, centros de atención sanitaria o centros designados SAFE-Ready, que el estado gestiona para quienes han sufrido agresiones sexuales.
Partidarios de la legislación argumentan que combatiría la entrada no autorizada en el estado al facultar a las fuerzas del orden, mientras que los opositores sostienen que es inconstitucional e inhumana.
En un comunicado, Abbott argumentó que el presidente demócrata Joe Biden ha descuidado la frontera y ha dejado a Texas “valerse por sí misma”, afirmando que la legislación “ayudará a detener la oleada de entradas ilegales en Texas, añadirá fondos adicionales para construir más muro fronterizo y reprimirá el contrabando de personas”.
La legislación se enfrenta a desafíos legales, puesto que la ley federal ya prohíbe entrar en Estados Unidos sin autorización. La mayoría de las partes de una ley similar de Arizona de 2010 fueron posteriormente anuladas por la Corte Suprema de Estados Unidos.
El condado de El Paso, junto con la Unión Americana de Libertades Civiles y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, presentaron una demanda el 19 de diciembre ante un tribunal federal de Austin para impugnar la constitucionalidad de la medida.
Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, un grupo que trabaja para aplicar la perspectiva de la enseñanza social católica en la política y la práctica en la región fronteriza entre Estados Unidos y México, calificó la nueva ley de “inhumana, inmoral e inconstitucional” en un comunicado.
“Su único objetivo es criminalizar a las personas que buscan seguridad en la frontera e infundir miedo en las familias de todo Texas”, dijo Corbett. “El día que entre en vigor, hará que cada tejano esté desastrosamente menos seguro al erosionar la confianza fundamental de la comunidad con las fuerzas del orden”.
Corbett argumentó que la administración de Biden “necesita tomar medidas inmediatas para detener esta y todas las acciones que está tomando el gobernador Abbott para armar nuestra frontera y desplegar cínicamente a nuestros oficiales de paz en contra de los vulnerables”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en una rueda de prensa el 19 de diciembre que “esta es una ley extrema que no hará y no hace más seguras a las comunidades de Texas”.
“Esto no es lo que somos como país”, dijo Jean-Pierre. “Esto no es lo que deberíamos ser como país. Las comunidades no deberían ser atacadas individualmente y puestas en peligro. Y esto es lo que estamos viendo”.
Melissa López, directora ejecutiva de los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados de El Paso, dijo en un comunicado que Texas “continúa su asalto a la gente de color”.
“La ley es inconstitucional, inhumana y una invasión demasiado amplia de la autoridad federal de inmigración”, dijo López. “El asalto del estado contra los migrantes ha resultado en demasiadas muertes. Innumerables personas perderán la vida, terminarán en la cárcel y serán deportadas antes de que los desafíos legales invaliden la ley”.
“La aplicación de esta ley se hará a expensas de la dignidad y los derechos humanos. El Estado de Texas está emprendiendo tácticas cada vez más peligrosas a cada paso y no hay señales de que vaya a ceder”, continuó López. “Debemos proteger a todas las personas afectadas por la ley S.B. 4. Debemos asegurarnos de que tengan acceso a asistencia jurídica. Debemos asegurarnos de que tengan acceso a representación legal, comprendan sus derechos y sepan cómo hacerlos valer cuando se enfrenten a las fuerzas del orden”.
En un comunicado, Sarah Cruz, estratega de política y defensa de los derechos fronterizos y de los inmigrantes en la ACLU de Texas, dijo en un comunicado que “las comunidades fronterizas de Texas se han visto obligadas a vivir en un ambiente de creciente acoso por parte de las fuerzas del orden durante años”.
“SB 4, uno de los proyectos de ley más radicales y antiinmigrantes del país, sin duda dará lugar a más violaciones de derechos e infundirá miedo en las comunidades negras, marrones e indígenas y en todas las personas de color en todo el estado”, dijo Cruz.
“El proyecto de ley viola la ley internacional y federal e interfiere con el proceso de asilo, causando potencialmente más trauma y angustia a las personas que buscan asilo, incluidas las familias y los niños”, afirmó. “Los tejanos merecen que se satisfagan sus necesidades reales, no más crueldad que perjudicará aún más a nuestras comunidades”.
Jennifer Allmon, directora ejecutiva de la Conferencia de Obispos Católicos de Texas, calificó la legislación de “gravemente imprudente” y dijo que “podría tener consecuencias mortales para los migrantes inocentes”.
Está previsto que la nueva ley entre en vigor en marzo.
