WASHINGTON (OSV News) — El gobierno de Estados Unidos anunció los planes para ampliar un muro fronterizo en el sur de Texas, una acción a la que los obispos católicos de EE.UU. se oponen desde hace tiempo.
El 5 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS por sus siglas en inglés) hizo pública su decisión de dispensar 26 leyes federales — la mayoría de ellas relacionadas con el medio ambiente — para permitir la construcción de 20 millas más del muro a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México.
Sin embargo, el presidente Joe Biden ha dicho que no cree que los muros fronterizos funcionen para evitar que los migrantes entren ilegalmente en Estados Unidos, y se ha opuesto sistemáticamente a su construcción, ordenando una pausa en las obras en su primer día en el cargo en 2021.
En declaraciones a la prensa el 5 de octubre, Biden dijo que no tenía otra opción que permitir que la construcción siguiera adelante. “El dinero fue asignado para el muro fronterizo”, dijo. “No puedo impedirlo”.
Los fondos fueron apropiados en 2019 bajo la administración Trump. Biden no logró que los legisladores los re-dirigieran, y la financiación requiere que el dinero se use para el muro y que la construcción que debe completarse este año.
El anuncio del DHS dijo que la construcción será en el condado de Starr, Texas, que la Patrulla Fronteriza dice que es parte de un sector en el Valle del Río Grande con “alta entrada ilegal”. Los datos del gobierno para el actual ejercicio presupuestario registraron 245.000 entradas ilegales en el sector, que incluye más de 20 condados de Texas.
“Actualmente existe una necesidad imperiosa e inmediata de construir barreras y caminos físicos en las inmediaciones de la frontera de Estados Unidos a fin de evitar ingresos ilícitos hacia Estados Unidos en las zonas del proyecto”, declaró Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, en la notificación del DHS.
En otra declaración el 5 de octubre, Mayorkas aclaró que “no hay una nueva política de la Administración con respecto a los muros fronterizos” y la sugerencia de que la administración Biden ha cambiado su política es inexacta. “Desde el primer día, esta Administración ha dejado claro que un muro fronterizo no es la respuesta. Esa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha cambiado. El lenguaje en el aviso del Registro Federal está siendo tomado fuera de contexto y no significa ningún cambio de política en absoluto”, dijo.
En febrero de 2019, dos destacados obispos estadounidenses dijeron que se oponían al plan del presidente Donald Trump de re-dirigir fondos federales previamente asignados a otros lugares para construir un muro fronterizo.
“Estamos profundamente preocupados por la acción del presidente para financiar la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, que elude la clara intención del Congreso de limitar la financiación de un muro. Nos oponemos al uso de estos fondos para promover la construcción del muro”, dijeron el cardenal Daniel N. DiNardo de Galveston-Houston, entonces presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., y el obispo Joe S. Vásquez de Austin, Texas, entonces presidente del Comité de Migración de la USCCB, en una declaración conjunta. “El muro es ante todo un símbolo de división y animosidad entre dos países amigos. Seguimos firmes y decididos en la visión articulada por el Papa Francisco de que en este momento tenemos que estar construyendo puentes y no muros”.
Otros obispos unieron sus voces a esa postura, y una docena firmó poco después una declaración para oponerse a un muro en la frontera sur. Lo calificaron de “un uso ineficaz de los recursos” que “destruiría partes del medio ambiente, perturbaría el sustento de ganaderos y agricultores, debilitaría la cooperación y el comercio entre las comunidades fronterizas y, al menos en un caso, socavaría el derecho a la libertad de culto”.
“La verdad es”, continuó el comunicado, “que la mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México son solicitantes de asilo, muchos de los cuales son mujeres y niños de Guatemala, Honduras y El Salvador que huyen de la persecución y la violencia en sus países de origen. En su viaje hacia la seguridad, se enfrentan a muchos peligros. Un muro no les protegería de esos peligros. Más bien, un muro los expondría aún más a los daños de los cárteles de la droga, los contrabandistas y los traficantes de personas”.
Señalaron los efectos de un muro fronterizo construido en la década de 1990 en la zona de San Diego, que, según ellos, provocó que los contrabandistas empujaran a los migrantes a cruzar la frontera por zonas remotas como el desierto de Arizona.
La decisión de continuar con la construcción del muro se produce en un momento en que los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado pretenden desfinanciar a las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios a los migrantes a lo largo de la frontera.
El 11 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Seguridad de la Frontera justo antes de que expirara el Título 42, la disposición de salud de la época de la pandemia que permitía la expulsión inmediata de los migrantes a México.
La aprobación de la Ley de Seguridad de la Frontera en el Senado, controlado por los demócratas, es incierta. Dos republicanos, los senadores Chuck Grassley, de Iowa, y Ted Cruz, de Texas, han presentado una versión de la ley en el Senado. Al igual que el proyecto de la Cámara de Representantes, exigiría la reanudación de la construcción del muro fronterizo.
“La negativa del presidente Biden a hacer cumplir la ley en nuestra frontera sur ha permitido que el tráfico de drogas, el contrabando de personas y la actividad ilícita de los cárteles envenenen Estados Unidos. Cada estado de la nación, incluyendo Iowa, es ahora un estado fronterizo”, dijo Grassley en un comunicado.
Cruz dijo que el proyecto de ley detendría la crisis fronteriza “en seco mediante la construcción del muro, el endurecimiento de las normas de asilo, el aumento del número de agentes de la Patrulla Fronteriza y la aplicación de políticas eficaces de seguridad fronteriza”.
El obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, en una carta al Congreso en mayo, dijo que el proyecto de ley “debilitaría fundamentalmente el compromiso de décadas de nuestra nación con la protección humanitaria”.
En una carta similar enviada el 28 de septiembre a los senadores de EE.UU. sobre el proyecto de ley, el obispo Seitz reiteró esa posición, señalando en ambas cartas: “Nos hemos opuesto durante mucho tiempo a la construcción de un muro que abarque toda la frontera entre EE.UU. y México, especialmente con los peligros que plantea para la vida humana y el medio ambiente”.
El obispo Seitz es presidente del Comité de Migración de la USCCB.
Organizaciones que ofrecen asistencia católica a los migrantes a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México incluye el refugio y la asistencia jurídica de la Iniciativa Kino Para La Frontera en Nogales, México, y el Hope Border Institute (Instituto Fronterizo Esperanza), que opera en Juárez, México, en colaboración con la Diócesis de El Paso para proporcionar alimentos y ropa.
Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, emitió una rápida respuesta tanto a la ampliación del muro como a las recientes negociaciones para aumentar los vuelos de deportación a Venezuela. “La crisis social y política en Venezuela es real y profunda”, dijo. “En la última década, cerca de 8 millones de personas se han visto obligadas a huir”.
“El tiempo y la energía que esta administración está gastando defendiendo muros fronterizos y desplegando a nuestros principales diplomáticos y responsables políticos para negociar con México y el Gobierno de Maduro para mantener a la gente fuera es equivocado y volverá a resultar ineficaz”, continuó.
Dijo que la crisis “requiere liderar con coraje político, creatividad y compasión”.
Kurt Jensen escribe para OSV News desde Washington.
