WASHINGTON (OSV News) — La administración Biden finalizó el 10 de mayo sus planes para el fin del Título 42, cuya expiración estaba prevista para el día siguiente.
El Título 42 es una parte de la ley federal de salud pública de los Estados Unidos que otorga al gobierno federal cierta autoridad para implementar medidas de emergencia para prevenir la propagación de enfermedades contagiosas prohibiendo la entrada de algunos migrantes.
El entonces presidente Donald Trump implementó la política en 2020 al comienzo de la pandemia de COVID-19, pero la medida se consideró parte de los intentos más amplios de su administración para reducir la migración. El uso del Título 42 para bloquear la entrada de migrantes en la frontera sur de los EE.UU. fue criticado por algunos expertos en salud pública, que argumentaron que estaba motivado políticamente en lugar de mitigar el virus basado en evidencia científica.
Desde su aplicación en 2020, el Título 42 se ha invocado más de 2.7 millones de veces para expulsar a migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
Las nuevas reglas presumen que las personas no son elegibles para el asilo en la mayoría de los casos si cruzan la frontera ilegalmente o no solicitan primero un puerto seguro en otra nación, similar a una política de la era Trump apodada la “prohibición de tránsito”. Se pedirá a los migrantes que utilicen una aplicación móvil para solicitar asilo, y algunos defensores de la inmigración han expresado su preocupación por la privacidad de los datos y si la aplicación es accesible para los migrantes y solicitantes de asilo.
El gobierno de Biden también ampliará los procesos de expulsión acelerada en virtud del Título 8, que forma parte del código estadounidense que aborda la ley de inmigración.
“Cuando se levante la orden del Título 42, Estados Unidos reforzará la aplicación de las autoridades de inmigración del Título 8 de larga data para procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan a la frontera de EE.UU. ilegalmente y no tienen una base legal para permanecer” dijo el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una hoja informativa publicada en inglés el 10 de mayo. “Las personas que crucen la frontera suroeste de Estados Unidos sin autorización o sin haber utilizado una vía legal, y sin haber programado una hora de llegada a un puerto de entrada, se presumirá que no reúnen los requisitos para obtener asilo, salvo que se aplique una excepción. Si se les expulsa, se les prohibirá volver a entrar en el país durante al menos cinco años y podrán ser objeto de enjuiciamiento penal por intento reiterado de entrada ilegal”.
Los legisladores de ambos partidos han expresado su preocupación por que el fin del Título 42 provoque un aumento de las personas que buscan entrar en Estados Unidos. Pero el gobierno de Biden ha criticado al Congreso por no tomar medidas en materia de política de inmigración.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró en una conferencia de prensa el 10 de mayo que “nuestro enfoque general es construir vías legales para que la gente venga a Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes decidan no utilizar esas vías”.
“Estamos adoptando este enfoque dentro de las limitaciones de un sistema de inmigración roto que el Congreso no ha arreglado durante más de dos décadas, y sin los recursos que necesitamos — personal, instalaciones, transporte — y otros que hemos solicitado al Congreso y que no se nos han dado”, dijo.
“Somos una nación de inmigrantes”, añadió Mayorkas. “También somos una nación de leyes. Nuestras leyes de inmigración hoy en día están anticuadas. Las soluciones que estamos aplicando son las mejores disponibles dentro de nuestra autoridad legal actual, pero son soluciones a corto plazo para un problema de hace una década”.
J. Kevin Appleby, director ejecutivo interino del Centro de Estudios sobre Migración, dijo en un comunicado que el Título 42 “ha sido utilizado por dos administraciones para denegar la protección de asilo a un número incalculable de solicitantes de asilo que merecían la protección de Estados Unidos”.
“Les ha colocado en situaciones peligrosas y ha provocado un sufrimiento humano innecesario”, dijo. “Hasta nunca”.
Appleby, ex asesor en política migratoria de los obispos estadounidenses, dijo que “sin embargo, los solicitantes de asilo se enfrentarán ahora a nuevas restricciones de sus derechos, incluida la imposición de una prohibición de tránsito que podría limitar, si no eliminar efectivamente, el derecho de asilo en este país”.
“Estas nuevas barreras al asilo traicionan nuestros valores como nación, que se construyó sobre la protección de los derechos humanos”, afirmó Appleby. “La creación por parte de la administración de vías legales para la migración y centros regionales de tramitación es loable, pero no sustituyen a un sistema de asilo justo y viable”.
Appleby argumentó que la nación está “entrando en una nueva etapa aterradora de nuestra historia, en la que nuestra reputación como refugio seguro para los perseguidos del mundo está en peligro.”
“Las naciones ya no seguirán nuestro ejemplo como protectores de los derechos humanos, sino que lo seguirán como justificación para desplegar sus propias políticas de disuasión”, afirmó. “A largo plazo, estas políticas no funcionarán, ya que no abordan las fuerzas globales subyacentes que impulsan la migración ni reparan un sistema de inmigración estadounidense roto. El Congreso debe asumir su responsabilidad y trabajar para aprobar una reforma de la inmigración. Ya no puede esperar a las próximas elecciones”.
Kate Scanlon es una reportera nacional de OSV News que cubre Washington. Síguela en Twitter @kgscanlon.
